A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cámara de Diputados y a la Sociedad mexicana en general / 22 de febrero de 2007

Sirva esta manifestación como un llamado a la sensibilización, respecto de las posiciones que han tenido algunos ministros de esta Corte sobre la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Los ministros han señalado que:

“El retiro forzoso de los militares que viven con VIH-Sida de las Fuerzas Armadas, garantiza el derecho a la salud de la colectividad, por lo que la norma que los da de baja no es anticonstitucional” (NotieSe, México D. F. 20 de Febrero de 2007).

Ante estas posiciones estamos aquí para socializar la indignación, y les manifestamos:

“No se puede poner por encima de los derechos humanos del individuo que vive con VIH-Sida, la protección de la salud de la comunidad”.

Enfatizando, insisto, y con el buen afán de sensibilizar, que:

1. Por la condición de enfermedad de las personas no se pueden contraponer derechos individuales a derechos colectivos.

2. No puede declararse constitucional un procedimiento que deja en el desamparo a seres humanos que viven con VIH-Sida, ya que la mayoría de esos soldados son muy pobres, hay que decir que despedirlos es condenarlos a la exclusión y a la muerte.

3. No pueden ser constitucionales sus posiciones porque sin empleo y con VIH-Sida los militares están condenados a la pobreza para ellos y sus familias y en ese sentido no podemos aceptar como constitucional esa condena la cual seria como una pena de muerte en la practica que significa el despido.

4. No puede ser constitucional la discriminación laboral hacia las personas que viven con VIH-Sida.

5. Rechazamos que se conciba a las personas que padecen de VIH-Sida como amenazas a la salud de la comunidad (cualquier comunidad de la que se hable)

6. No aceptamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vuelva cómplice de actitudes estigmatizantes y discriminatorias.

7. Las opiniones vertidas en la Corte reflejan un desconocimiento profundo sobre el VIH-Sida y, sobre todo, un gran prejuicio sobre las personas que lo padecen.

8. Cuando hablan de proteger la salud de la comunidad, ¿a qué se refieren?, ¿a la “salud moral de los conservadores”?, ¿a la salud heterosexual?; o ¿a caso no hay una visión de culpabilizar al que vive con VIH-Sida?, esto es también preguntarse si detrás de sus declaraciones hay una posición anti-homosexual o ¿es el prejuicio lo que enarbola sus posiciones contra las personas que viven con VIH-Sida?

9. ¿Qué sigue?: si a los niños que viven con VIH-Sida se les correrá de las escuelas porque en esa lógica también ponen en peligro la salud de la comunidad; o un medico podrá entonces rechazar a una persona infectada por VIH-Sida bajo el argumento de que pone en peligro su vida. (Recordemos la recomendación que la CNDH realizó a la SEP ante los despidos de las escuelas de niños que viven con VIH-Sida).

10. Aunque hayan firmado cualquier contrato al entrar al Servicio Militar, nadie puede renunciar a sus derechos humanos, incluso al derecho a no ser discriminado.

11. No podemos permitir que se elaboren leyes que postulen al individuo a establecer relaciones sociales en la exclusión.

12. No puede haber regímenes de excepción para los derechos humanos en este país.

Estamos inmersos en una sociedad donde la marginación, la exclusión y la discriminación son males que afectan su armonía, por tanto, no podemos seguir permitiendo que nuestras instituciones encargadas de hacer valer la justicia, contribuyan a fortalecerlos.

Esperamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un fallo a favor de los derechos humanos de los militares que han solicitado un amparo legal.

Asimismo, exhortamos a la Cámara de Diputados a elaborar una propuesta de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, de tal manera que permita revertir este acto discriminatorio.

Por la Dignidad Humana
Manuel Amador Velázquez
Activista por los Derechos Humanos e integrante de Diversidad Alternativa