A pesar de sus décadas de arduo trabajo, a la sociedad civil organizada todavía le cuesta trabajo hacer escuchar su voz. Hasta que un partido político lo exigió, el director del Metro se comprometió a firmar un acuerdo contra la discriminación.
Para bien o para mal, la era de las instituciones se consolida en México, así como el hecho de que el sistema de partidos políticos es la forma constitucional de representación ciudadana. Así es, los mismos institutos políticos que gastan cantidades asombrosas en publicidad en época de elecciones; los que carecen de credibilidad y cuyos militantes, los políticos tradicionales, evidencian a cada momento su incapacidad para gobernar y representar a los ciudadanos; los mismos partidos que son fuente exclusiva de ingresos para familias y generaciones enteras, son los únicos que pueden postular a un ciudadano a un puesto de elección popular. Justamente, por tratarse de un sistema, con su entramado de cooptaciones y arreglos institucionales, tuvo que actuar un partido político, el de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, para que el director del Metro, después de una manifestación afuera de sus oficinas, accediera a regañadientes a firmar un acuerdo contra la discriminación que padecen los gays en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo. Es verdad que, frente al Estado, la sociedad civil organizada es contrapeso y está siempre vigilante del ejercicio público.
Es innegable que en las organizaciones no gubernamentales han nacido las principales luchas por la igualdad, los derechos humanos, el medio ambiente, cruzadas por la salud, contra la violencia, etcétera, todas causas nobles que regularmente son mal atendidas por las instituciones formales de poder público. Sin embargo, el sistema político se hace caso a sí mismo, porque asigna mayor peso a las instituciones que emanan de sus propias leyes. Ahí radica, en su caso, la importancia de los organismos autónomos pues se ubican justo en medio, entre el poder político y los ciudadanos; la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral y el Banco de México son los mejores ejemplos.
Como toda organización humana, algunas de estas instancias han cometido fallas o se han pervertido, pero definitivamente gozan aún de la autoridad para perseguir el objetivo social que les fue confiado. Alternativa no es un instituto autónomo ya que pertenece al sistema político formal, pero su peso específico le sirvió para lograr la atención de las autoridades del Metro.
El partido político que postuló a Patricia Mercado a la presidencia de la República convocó a una manifestación afuera de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, tras la cual se produjo un acercamiento con el homofóbico director del Metro, quien no sabe distinguir entre homosexualidad y homosexualismo, evidenciando así su animadversión hacia la diversidad sexual. Tras la victoria, el partido político dejó a quienes han encabezado históricamente la lucha lésbico-gay la tarea de concretar el convenio, es decir, a las organizaciones de la sociedad civil. Alternativa y otras instituciones formales del sistema político, como el Conapred y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fungirán únicamente como testigos.
Tocará a las organizaciones LGBT firmar el acuerdo y poner sobre la mesa de negociación las necesidades y exigencias que se tienen sobre el particular: particularmente sensibilizar a al personal del Metro en el tema de diversidad sexual. Estos días comenzarán las negociaciones sobro dicho acuerdo, entonces conoceremos los términos en que se combatirá la discriminación en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro. Al colectivo LGBT, en su momento, le corresponderá vigilar el cumplimiento del convenio, pero para ser críticos consigo mismos, también le tocará comenzar un profundo análisis sobre si el Metro, espacio público por excelencia, es el lugar adecuado para la práctica sexual.
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